MODELO DE NEGOCIO / CSN: seguridad nuclear y protección radiológica

ESTRATEGIA / GESTIÓN / EMPLEO / MERCADOS

Catedrático de Política Económica de la Universidad Complutense de Madrid y Técnico Comercial y Economista del Estado (en ambos casos en Servicios Especiales), Luis Gámir Casares es también vicepresidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho (Premio Extraordinario), doctor en Ciencias Económicas, diplomado en Desarrollo Económico por la Universidad de Oxford (número 1 de su promoción) y Doctor Honoris Causa por la Universidad Miguel Hernández, ha sido presidente del Banco Hipotecario de España, secretario de Estado para la Seguridad Social, ministro de Comercio y Turismo, ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, y presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones.

En el año 2002 recibió el Premio Jaime I de Economía. Su línea de investigación es la I+D+i, sobre la que ha publicado varios libros.

FEDERICO FERNÁNDEZ DE SANTOS: La situación de nuestra Universidad refleja un contraste con lo que España es como país, puntero en determinados sectores, y con el prestigio internacional de algunas de nuestras escuelas de negocios. Al contrario que en Estados Unidos, tampoco se da una estrecha relación de los entornos universitarios con los productivos. ¿A qué se debe esa falta de aportación, de innovación, de la Universidad española a nuestro tejido industrial?
 
LUIS GÁMIR: Hay que tener en cuenta que, en este momento, un objetivo para la carrera de un profesor universitario español dedicado a los temas de investigación se centra en conseguir sexenios (o similar, dependiendo de la situación en la que esté) y, para lograrlos, debe publicar en unas revistas concretas. Por eso, el gran incentivo al que se dedica una gran cantidad de dinero público, no solo a través de la Universidad, es a la publicación.
El gasto público en I+D –especialmente tal y como se desarrolla en España– resulta muy intensivo en artículos científicos y muy poco en patentes. Es coherente que ocurra lo contrario con el gasto empresarial dedicado a la investigación. Por ello es lógico que tengamos un sistema de I+D en el que, si comparamos los recursos empleados y los resultados obtenidos, resulta que nuestra “productividad” en patentes por euro utilizado en investigación equivale solo al 46% de la europea, porcentaje que se reduce hasta el 29% en el caso de las “patentes triádicas”, es decir, las registradas simultáneamente en Europa, EE.UU. y Japón.
Sin embargo, si en el output o producto obtenido colocamos los artículos científicos, la productividad del gasto español alcanzaría un nivel del 163, si damos a la media europea el valor 100. Es decir, por unidad de gasto en I+D generamos muchas menos patentes pero muchos más artículos que la media de la Unión Europea.
Este es un modelo investigador “especial”. La pregunta es si realmente se trata del modelo que la sociedad española desea y el más adecuado para la actual situación de nuestra economía. Resulta lógico que los países con PIB per cápita más elevado tengan un ratio de I+D en relación a su PIB más alto. Pero esta lógica había que contrastarla econométricamente, y el resultado econométrico es muy adecuado.
Igual había que hacer lo mismo con la innovación y de nuevo el ejercicio econométrico contrasta positivamente la hipótesis, con dos rasgos a destacar: primero, el problema de España no es que nuestro ratio I+D en relación al PIB sea inferior al europeo, sino que nuestro porcentaje real en I+D es mucho menor al que nos correspondería por nuestro grado de desarrollo –aparte de lo especial del producto o output obtenido antes comentado–. Segundo, que lo mismo ocurre con la innovación, pero con un agravante: en I+D algo hemos mejorado, en innovación no.
También tenemos otro fenómeno particular en nuestro sistema de investigación, muy ligado a lo anterior. España es el país del mundo con un ratio gasto público en I+D –según los Presupuestos– en relación a su PIB más elevado, siendo EE.UU. y Noruega el segundo y tercer país respectivamente.
Nuestro sistema de gasto en I+D está claramente desproporcionado en el peso del sector público. Si comparamos, no ya en los Presupuestos, sino en cifras reales de gasto, encontramos que las empresas ejecutan un porcentaje del gasto total de I+D en España sensiblemente inferior en comparaciones internacionales. En nuestro caso es el 55%, mientras que en Europa (en la UE-15) es del 64%, en la OCDE del 69% y en EE.UU. del 71%.
En resumen, tenemos un sistema desequilibrado de gasto en I+D, en el que tiene un peso mucho mayor de lo normal el sector público.
 
F.F.S.: Ese estar in albis de la investigación española y el hecho de que esa disposición de fondos se canalice a través de estructuras públicas en lugar de otras más liberales hace que todavía tengamos un cambio pendiente. ¿Por qué tenemos esa diferencia sustancial con otros países de la Unión?
 
L.G.: Estamos en una situación que yo llamo la “mix diabólica”. Ante cinco millones de parados podríamos pensar en crecer en sectores muy intensivos en trabajo, pero el problema es que nuestros grandes mercados son hoy los internacionales, y, entre ellos, los países emergentes tienen una estructura de costes que les hace más competitivos en sus productos de trabajo intensivos.
De manera que tenemos que ir más a productos intermedios, con mayor valor añadido por trabajador, y ahí entra la innovación aplicada.
Ese producto intermedio es innovación en el sentido más amplio de la palabra, que no solamente es la que viene de la I+D, sino también es innovación un nuevo sistema de gestión empresarial, la búsqueda de nuevos mercados, la innovación logística... Es cierto que por unidad de PIB producido se creará menos empleo, pero el que se cree sí tendrá esa característica de mayor valor añadido por trabajador, lo cual implica exportar. Hay que seguir exportando a Europa, pero también buscar nuevos mercados y exportar a otros países cuya demanda interna crezca. Por supuesto, esto va unido a la inversión en el exterior. Es cierto que estamos siendo muy buenos en la exportación de servicios, no solo en turismo, que este año ha ido muy bien, aunque en 2010 exportamos más en la suma del resto de los servicios que en turismo, como por ejemplo los relacionados con las entidades financieras o incluso la dirección de aeropuertos.
No podemos olvidar que en el periodo 1996-2007 pudimos hacer un producto que nos venía muy bien, puesto que utilizaba mucha mano de obra y no se importaba: las casas. Existe la posibilidad alternativa de invertir en infraestructuras públicas, escogiendo además aquellas que sean más útiles para la competitividad. Son también “infraestructuras” que no se importan. Tienen el problema de que su financiación es en buena parte pública y tenemos que reducir el déficit. Por ello, hacen falta enfoques imaginativos, ambiciosos y, al mismo tiempo, realistas y eficaces con sistemas de financiación mixta privada-pública y que, además, cuenten con financiación exterior. Es fundamental que seamos conscientes de que la innovación es la clave, ya sea innovación con I+D nacional o importada.
En 2004 y 2007 el PSOE insistió en que iba a cambiar el modelo del ladrillo por un modelo intensivo en I+D, pero no solo no lo ha conseguido sino que, en todo caso, serán las empresas quienes vayan cambiando hacia un modelo más intensivo en innovación, no es algo que se deba producir desde el Gobierno.
 
F.F.S.: Aunque los ingresos del 70% de las empresas del IBEX 35 provengan del exterior, el economista alemán Max Otte nos recuerda que no debemos perder de vista la realidad: el 80% de la mano de obra que se genera en España procede de las pymes, y a estas pymes la perspectiva de la innovación y la exportación les afecta de una forma totalmente diferente (aunque son ellas las que van a generar millones de puestos de trabajo). Ante ese problema, ¿cómo puede ayudar la innovación y la liberalización de esta innovación en las pymes?
 
L.G.: Cuando, como en nuestro caso, la demanda que más crece es externa, hay que hacer un gran esfuerzo por conseguir que las pymes piensen y actúen más en mercados exteriores, y utilicen en lo posible más instrumentos como la innovación, porque hemos comprobado que es la forma de abrirse camino en los mercados, compitiendo con los que vienen detrás en grado de desarrollo. No solo la innovación aporta valor añadido por trabajador, también el capital humano, entre otros factores.
Nuestro modelo de gasto público en I+D también es muy “extraño”. Por ejemplo, se pueden dar ventajas a las empresas que utilicen la innovación y que no sean sector público, pero no se les permite decidir para qué pueden usar esas ayudas directas. Aparte de promover la introducción de procesos de innovación en las pymes, hay que buscar todo tipo de sistemas para conectarlas más con centros de investigación, asociarlas y que puedan abrirse al Séptimo Programa Marco Europeo de manera directa, que precisamente ha dado más importancia a la innovación en las pymes.
Yo defiendo que también hay otras formas de competitividad que afectan a las pymes, que son intensivas en trabajo. Puede resultar útil reducir las cuotas empresariales de la Seguridad Social y, si es necesario, elevar simultáneamente el IVA. Las primeras son un impuesto –dejando aparte la problemática jurídica de esa expresión- que grava la utilización del factor trabajo, que retrae el empleo de este factor. El IVA es neutro, implica un impuesto sobre la remuneración de todos los factores productivos que forman el valor añadido. No discrimina, pues, contra el empleo de más trabajadores. Además se devuelve en frontera cuando se exporta y grava a las importaciones, luego ayuda a nuestro saldo negativo exterior.
Cuando decimos que no somos competitivos con respecto a los países emergentes en el factor trabajo es verdad, pero podemos ser un poco más con una medida de este tipo, que haga que tengamos un ratio trabajo-producto un poco más elevado.
En esa “mix diabólica” en la que estamos, necesitamos crear empleo ante todo, e incrementar el valor añadido por trabajador, especialmente a través de la innovación, lo que ayudará a fomentar “otro tipo de empleo” y a exportar.
 
F.F.S.: Cuando uno contempla la balanza de pagos española se encuentra que el coste energético es muy elevado. La tragedia de Fukushima ha hecho replantear la situación de la energía nuclear a nivel global, pero desde el desconocimiento pensamos que las centrales antiguas pueden ser preocupantes, y así lo han demostrado. Al mismo tiempo, los técnicos nos explican que las últimas tecnologías de desarrollo nuclear tienen unos niveles seguridad estratosféricos en comparación con la tecnología de hace 40 años, con lo cual estamos pagando el error de no habernos “enganchado a ese carro” para tener una base de la pirámide energética más estable. ¿Vamos a estar muy penalizados por esto? ¿Deberíamos repensar la situación de la energía en España de una forma más profesional y menos política?
 
L.G.: Uno de los objetivos del Plan Estratégico 2011-2016 que acabamos de aprobar es la neutralidad. El CSN debe ser neutral en la polémica sobre el mix energético, porque ha de ser el Gobierno y los Parlamentos, en sus respectivas competencias, quienes decidan. Nuestra única función es que, en lo que resuelvan que haya energía nuclear, garantizar la seguridad de la misma, de manera que puedo contestar a la pregunta de una forma un tanto descriptiva más que valorativa, y además creo que es bueno para la credibilidad del organismo. De nuestro primer objetivo: garantizar la seguridad nuclear y radiológica, cuelga la credibilidad y, para conseguirla, la neutralidad es muy importante.
Actualmente, estamos en un momento de cambio. En el año 2000, Alemania anunció el abandono de la energía nuclear. Incluso en los años siguientes se cerraron dos centrales nucleares. Posteriormente, entre los años 2008 y 2010, Alemania, estudió la decisión adoptada y decidió retomar el programa nuclear. Es decir, en una década experimentamos un importante movimiento de las posturas al respecto. De alguna manera, Italia también había experimentado cambios. Desde una posición negativa había evolucionado hacia volver a contemplar la utilización de la energía nuclear. Por su parte, países como Reino Unido o Francia mantuvieron su apuesta por este tipo de energía.
Ahora bien, Fukushima marca un punto de inflexión para la energía nuclear. Las primeras reacciones en relación con este accidente no tardaron en llegar. Alemania congeló su decisión de volver a la energía nuclear durante tres meses y decretó el cierre de las siete centrales nucleares más antiguas. Transcurridos estos tres meses, el Parlamento alemán optó por volver al abandono nuclear y cerrar las centrales en el año 2022. Por su parte, Italia hizo pública su decisión sobre la no utilización de la energía nuclear a través de un referéndum.
Bélgica, Suiza y Japón, con matices, también se definen por el abandono de esta fuente de energía. Por el contrario, países como Reino Unido o Francia, con enfoques distintos, han decidido mantener la energía nuclear. (En Francia el modelo se discute parcialmente por socialistas y ecologistas).
En el mundo, países como China, India, Estados Unidos, Rusia, Argentina, Finlandia, Egipto, etc., mantienen sus programas nucleares. Ahora bien, se podría esperar que se  desarrollen con un cierto retraso frente a la implantación prevista inicialmente.
Sin embargo, esta decisión no solamente es técnica, sino que también tiene que ver con elementos de la opinión pública, políticos, de seguridad, técnicos...
Actualmente nos encontramos en un proceso de mejora de las medidas de seguridad de las centrales nucleares, tanto a nivel mundial como específicamente europeo. Dicho proceso se inició inmediatamente después del accidente. En España, las centrales nucleares realizaron un conjunto de verificaciones y revisiones para asegurar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad existentes.
Europa planteó muy rápidamente la necesidad de una respuesta coordinada, dentro de la Unión Europea. Ya en el Consejo Europeo celebrado el 23 y 24 de marzo de 2011 se acordó la realización de un plan para someter a todas las centrales nucleares europeas a un conjunto homogéneo de stress test que permitieran identificar los márgenes de seguridad existentes, así como las medidas que se deberían implantar para mejorar la seguridad. Este plan fue finalmente aprobado por la Comisión Europea el 25 de mayo. Para finales de diciembre, el propio pleno del CSN tenemos que haber aprobado el informe final sobre estos test de estrés, de medidas de mejora de la situación frente a posibles accidentes, en definitiva, mejoras en la seguridad, y enviarlo a Europa. A partir de enero, se inicia un periodo de varios meses en los que se procederá a la revisión de los informes finales de otros países y un proceso de revisión interpares (peer review). Los resultados finales de este trabajo serán públicos.
Me gustaría destacar la acción coordinada de Europa durante todo el proceso, y me refiero a la Europa de los 27, donde están incluidos países no nucleares. Incluso los países latinoamericanos han mostrado su interés en el modelo de los test de estrés.
De manera paralela al proceso de evaluación de las centrales, el CSN está presente en todos los foros internacionales en los que se están analizando el accidente y sus consecuencias. En este campo, cabe destacar que hemos estado en las dos misiones internacionales que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha realizado a Japón, a las que ha asistido el director técnico de Protección Radiológica del CSN (en la segunda como team leader). También a partir de enero, en el momento de la peer review, el CSN estará presente de manera destacada con la participación como vicepresidente del board que dirigirá estos trabajos de nuestro consejero, Antoni Gurguí.
Es difícil hacer premisas de futuro sobre las diversas fuentes energéticas, ya que dependen de varios factores como la política -como usted apuntaba-, la seguridad, la economía, el medio ambiente, la opinión pública, etc.
Un elemento a destacar es la importancia de la tasa de cambio de la mejora tecnológica. Como ejemplo, recordemos la captura y almacenamiento del CO2 en el desarrollo del carbón; la acumulación de energía en las fuentes renovables; las centrales nucleares de 3ª y 4ª generación; los avances tecnológicos en el tratamiento de los residuos radioactivos; la posibilidad de la fusión –recuérdese el ITER–; el desarrollo del coche eléctrico, etc.
Con todo ello, es previsible un futuro con más impacto de las energías renovables, pero con variaciones sustanciales de acuerdo con la geografía mundial. Al final, los competentes para decidirlo son, en sus respectivas competencias, el Gobierno y el Parlamento. Nuestra misión es conseguir altas dosis de seguridad nuclear y protección radiológica, así como lograr que la sociedad tenga confianza en aquello que pretendemos. Ese es nuestro mensaje.
 
F.F.S.: Recientemente estuvimos con Nobuo Tanaka (Agencia Internacional de la Energía), para quien el futuro ha de contar con la energía nuclear para cubrir la demanda energética global. ¿Cómo cree que debería articularse un proceso que garantice el futuro energético?
 
L.G.: Una vez más, la respuesta no es técnica, sino que tiene un componente político en el sentido más noble de la palabra política, ya que las personas elegidas por la sociedad como gobernantes han de tomar decisiones.
Es indudable que debemos hacer un esfuerzo en todas las energías para que sean más competitivas. Más aún cuando la demanda no está creciendo tanto, hasta el punto de que algunos expertos dicen que una nueva central nuclear en España no tendría sitio, porque hay una sobrecapacidad de energía.
La energía nuclear es muy intensiva en capital al principio, ya que requiere una gran inversión y crédito importante. Ahora mismo, con los test de estrés no solo estamos analizando la seguridad de las centrales nucleares, sino la que van a tener, así como el capital humano que necesitan para esos incrementos de seguridad. Después de que en enero sometamos nuestro informe al peer review europeo, durante la primera parte de 2012 este va a ser el gran tema.
¿Cuánto dura una central? En España, las renovaciones de las centrales nucleares se hacen cada 10 años. Hay países, como Estados Unidos, que plantean los 60 años; en el nuestro se ha discutido mucho sobre los 40 años. El primer informe del CSN sobre Garoña afirmaba que la central podía estar una década más, luego el Gobierno decidió renovarla por un plazo menor y nos volvió a preguntar sobre qué condiciones de seguridad habría que imponer por ese plazo menor. En los últimos meses, hemos renovado a varias centrales que tenían menos de 40 años, y las hemos dado 10 años más. El informe que ha hecho el Consejo ha sido aceptado por el Gobierno, porque somos correguladores –y no reguladores absolutos–, algo que nos diferencia de Estados Unidos, aunque en otros sentidos somos más independientes. Allí, con el cambio de presidente también se puede cambiar al responsable del organismo regulador de la energía; en cambio en España, aunque Rajoy haya ganado las elecciones, la presidenta de este organismo tiene un mandato hasta diciembre de 2012.
 
F.F.S.: Usted ha tenido una dilatada carrera. En los últimos años, la calidad ha crecido en importancia de una forma gradual, prueba de ello es la existencia de la EFQM, y del Club Excelencia en Gestión en nuestro país donde usted participa activamente. ¿Cómo ha visto la evolución de la calidad y la importancia que tiene en la vida empresarial?
 
L.G.: La evolución ha sido evidente, empezando por el Consejo de Seguridad Nuclear, que no es una empresa sino un organismo regulador. Sin duda, nosotros damos una gran importancia a la calidad de nuestros técnicos. En el CSN trabajan cerca de 500 personas, más de 200 son técnicos superiores en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, de forma que contamos con un equipo de una especial calidad dentro de la casa para el análisis de los dos temas.
En un momento en el que el precio sigue siendo importante, pero no podemos basarnos en productos cuya calidad no lo sea todavía más, las empresas españolas deben apostar por ella, algo que es fundamental para posicionarnos en un sector intermedio que, en todo caso, es más intensivo en valor añadido por trabajador que lo que era tradicionalmente. La calidad juega un puesto vital en ese cambio hacia la creación de nuevos puestos de trabajo con mayor valor añadido, donde además de destacar la innovación como parte de su valor añadido, también hemos de destacar la calidad.
En este sentido, también podemos hablar de la calidad de la marca España, algo que en buena medida tiene que ver con la credibilidad de la política del país. Hacer buenas políticas económicas ayuda a la marca España, así como lo que las empresas hacen por ella. Por eso es fundamental que el Gobierno recupere la credibilidad.
 

Entrevista con Luis Gámir Casares, vicepresidente del Consejo de Seguridad Nuclear.
Publicada en Executive Excellence nº87 dic11

 


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