Vías para la recuperación sanitario-económica

Vías para la recuperación sanitario-económica
"Caracterizado por una economía-pandemia". Así describió Juergen B. Donges nuestro futuro económico, marcado por los efectos de un coronavirus que ha llevado a una crisis "a nivel global, europeo y nacional, que eclipsa todo lo que hemos conocido hasta ahora –por su origen, por su profundidad y por la dificultad de prever cuándo tocará fondo y se iniciará la recuperación–. 
 
Durante su conferencia magistral online, "Coronavirus y economía: retos comunes e inusitados", pronunciada el 20 de mayo para la Fundación Rafael del Pino, el economista alemán combinó rigor y pedagogía para ayudar a tomar conciencia de la dimensión de los hechos y los desafíos que entrañan. 
 
Incertidumbre extraordinaria 
 
La pandemia ha generado simultáneamente dos shocks inusitados sobre la economía, lo cual complica sobremanera las previsiones.  
 
Primero, un shock de oferta: Las cadenas de valor globales e intereuropeas han quedado desarticuladas, como consecuencia de las medidas gubernamentales de parar, parcial o totalmente, la actividad productiva nacional y de implementar unilateralmente restricciones fronterizas para la exportación y la importación de numerosos productos. En la UE, el mercado único, de hecho, ha sido disuelto, y en el comercio mundial el proteccionismo ha aumentado significativamente, más allá de lo que estábamos acostumbrados, de la mano del presidente Trump con los conflictos arancelarios entre Estados Unidos y China y entre Estados Unidos y la UE.
 
Segundo, un shock de demanda: Las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades para frenar los contagios –desde cuarentenas hasta el extremo de confinamientos domiciliarios, como el caso de España– han restringido notablemente la movilidad de las personas. Esto ha repercutido adversamente en el gasto de las familias, tanto para el consumo de artículos duraderos (desde la compra de coches hasta la de muebles) como para el ocio (museos, cines, teatros, discotecas, espectáculos musicales, parques de atracciones, competiciones deportivas) y el turismo (restauración y hostelería). El tráfico ferroviario, aéreo y marítimo, incluidos los cruceros, se ha quedado sin pasajeros.
 
Ambos shocks ya están ejerciendo en este primer semestre de 2020 un impacto devastador sobre la economía mundial. Todas las economías avanzadas están en una profunda recesión y enfrentan una avalancha de quiebras empresariales, sobre todo pymes y autónomos. En todos los países avanzados, determinados sectores de peso luchan por su supervivencia (aerolíneas, comercio minorista, turismo); mientras lo perdido –en términos de negocio y facturación– no será recuperable, la destrucción de empleo es masiva y la deuda pública sube vertiginosamente.
 
El PIB global retrocederá en 2020 un -3% (frente al -1% de la Gran Recesión de 2009), cuando a principios de año la previsión de crecimiento era todavía positiva, con un 3,3%. El comercio mundial se desplomará (-11%, en términos reales). 
 
En Estados Unidos, la caída del PIB este año se estima en un -5,9% (en 2009 fue un -3,5%), lo que supone un recorte del 7,9 puntos porcentuales con respecto a las estimaciones de enero. 
 
En la Eurozona se prevé una caída en picado del PIB en un -7,5% (en 2009 registró un -4,2%), es decir, 8,8 puntos básicos menos que lo esperado al inicio de año. 
 
Para las economías emergentes, el FMI prevé para este ejercicio un declive menor que en los países avanzados: -1%. Una evolución, por tanto, más favorable, como la también vivida en 2009 (en torno al 1%) y que las constituyó en un soporte para la economía mundial. El pronóstico actual supone una revisión a la baja de 5,4 puntos porcentuales respecto a las estimaciones de enero. Para las dos grandes economías asiáticas, China e India, el FMI vaticina un crecimiento moderado y muy por debajo de la media histórica (1,2% y 1,9%, respectivamente). En el caso de las dos grandes economías latinoamericanas, Brasil y México, la perspectiva es de una fuerte contracción (-5,3% y -6,6%, respectivamente). 
 
Evolución en 'V', 'U' O 'L'
 
Las previsiones del FMI reflejan una evolución de la coyuntura en forma de 'V', bajo el supuesto de que la pandemia remitirá claramente a comienzos de verano y que no habrá rebrotes. Eso permitiría ir levantando las restricciones sanitarias y que surtiesen efecto las medidas fiscales y monetarias de apoyo. En este caso, la recuperación se iniciaría en el segundo semestre de este ejercicio y continuaría en 2021. 
 
Para el año próximo, el FMI estima un crecimiento del PIB global del 5,8% y una expansión del comercio mundial del 8,4%. Todo un escenario alentador; sin embargo, no hay ninguna garantía de que se cumpla. 
 
Es más, las cosas pueden ir a peor, en dos formas. Una, siguiendo un perfil cíclico en 'U', con la base inferior más o menos alargada. Esto ocurriría si la pandemia perdurara por más tiempo, incluso con repuntes, y hubiera que mantener las medidas sanitarias por lo menos hasta otoño. Ello demoraría la recuperación hasta ya entrado 2021, con tasas de crecimiento bajas para el próximo año, y sin compensar la pérdida de PIB registrada este año.
 
La segunda sería un perfil cíclico en 'L', sin poder determinar la longitud de la base inferior. Esta es la amenaza si no hubiera forma de combatir con eficacia el virus y llegara una segunda oleada. En este supuesto, habría que restringir la actividad sin ver luz alguna al final del túnel. Sería un verdadero desastre para las empresas y los trabajadores, para las arcas públicas y la Seguridad Social y para la sociedad en su conjunto.
 
A día de hoy, mi distribución de las probabilidades entre los tres escenarios es: 60% en 'V', 30% en 'U' y 10% en 'L', todo envuelto en una incertidumbre enorme.
 
Además, el perfil de recuperación será desigual por países. El punto de arranque para la reactivación económica presentará complicaciones más o menos notables, según las medidas que se hayan adoptado previamente. Por ejemplo, en países como Italia y España, que paralizaron toda la economía (salvo servicios básicos), costará un esfuerzo mayor el poner en marcha el motor de la actividad que en países como Alemania y Holanda, que han mantenido la producción, aunque a un ritmo inevitablemente contenido. También influye el peso en el PIB y el empleo de sectores que han sido muy golpeados, como la industria del automóvil en Alemania y el turismo en España.
 
Economía y salud: objetivos conciliables 
 
Mientras persista la pandemia, no haya desaparecido el riesgo de contagio ni exista una vacuna eficaz, es correcto extremar la precaución. Pero también lo es iniciar la desescalada de las medidas restrictivas adoptadas, si la cifra de personas contagiadas y recuperadas y el llamado "factor de reproducción" (persona infectada que contagia a otra) evolucionan favorablemente.
 
La lucha contra el coronavirus es un reto inexorable y, por supuesto, salvar vidas lo es de primerísima importancia. Pero no es lo único en lo que hay que pensar. 
De hecho, los responsables sanitarios y políticos tienen que caminar sobre el filo de una navaja a la hora de ponderar dos objetivos comunes: el de salvar vidas y el de salvar la economía como fuente de empleo y bienestar. Si las autoridades sólo se concentraran en la pandemia, sometiendo por un tiempo indefinido a la ciudadanía a fuertes restricciones de movilidad y contacto social y poniendo en jaque a toda la actividad económica, pueden ocasionar graves daños colaterales (precariedad, hambre, estrés familiar, trastornos en el desarrollo infantil, etc.). 
 
Reto sanitario 
 
En este sentido, es crucial aprender las lecciones que ha dejado la actual (y primera) fase del COVID-19, siendo siete los principales pilares a robustecer:
 
Un sistema de alerta preventiva ante el riesgo de nuevas infecciones víricas, facilitando su contención temprana.
 
Una red amplia de laboratorios de diagnóstico clínico de alto nivel.
 
Una investigación médica intensa sobre enfermedades infecciosas, con especial atención a vacunas eficaces y anticuerpos que hayan generado los infectados. 
 
Una reserva sanitaria adecuada con relación a las plantillas, al equipamiento médico, al material de protección del personal sanitario y a las camas UCI, así como a los test sobre infecciones, los mecanismos de búsqueda del origen de una infección diagnosticada, los rastreadores de las cadenas de transmisión de la infección, y otros.
 
Un concepto de actuación política coherente basado en la evidencia científica con datos fiables y objetivos, sin descargar en los expertos la responsabilidad de los gobiernos de la toma de medidas, junto con una gestión coordinada entre los organismos competentes y las administraciones territoriales.
 
La suspensión inmediata de los actuales procesos de desescalada y la reintroducción de medidas extraordinarias de contención del virus en caso de un rebrote de la pandemia.
 
Mucha claridad y transparencia informática para convencer a la ciudadanía de la necesidad de cumplir con las normas extraordinarias decretadas y adaptar los comportamientos de cada uno. Si no hay confianza en las instituciones, los llamamientos públicos a la ciudadanía serán inútiles.
 
No debe repetirse el episodio de que en caso de un nueva ola epidémica el sistema sanitario se vea desbordado y a punto de colapsar, y que las residencias de mayores queden a la intemperie. También sería aconsejable una coordinación firme entre las autoridades europeas, en vez de la toma de medidas unilaterales, como ha ocurrido ahora.
 
Desafío económico 
 
En este aspecto, el envite es doble. Por un lado, hay que evitar un deterioro irreparable del tejido productivo, sin bloquear cambios estructurales que surjan por razones tecnológicas o de mercado. Por otro, hay que recuperar la confianza de los agentes económicos para que pueda iniciarse la reactivación económica. 
 
En el plano macroeconómico, la política fiscal tiene ahora la llave. Los principales Bancos Centrales, también el BCE, mantendrán su política monetaria ultra-expansiva. Inicialmente, se ha hecho lo que era necesario: proveer urgentemente de liquidez a empresas y autónomos, con el fin de evitar en la mayor medida posible despidos laborales y quiebras, con los consabidos efectos contagio sobre el sector bancario causados por crecientes niveles de morosidad crediticia.
 
Entre las medidas adoptadas, cabe destacar: subsidios a fondo perdido para afrontar los costes fijos, avales públicos para créditos bancarios, la reducción de las cotizaciones sociales empresariales, prestaciones públicas para el ajuste de plantillas y un aplazamiento para el pago de impuestos. En líneas generales, los Gobiernos han actuado en esta dirección.  
 
Alternativas según el perfil cíclico
 
El apoyo de la futura recuperación depende del perfil cíclico que preveamos. Si el perfil es en 'V', las medidas ya adoptadas junto con el funcionamiento de los 'estabilizadores automáticos' de los presupuestos estatales suponen un apoyo suficiente a la actividad. Hacer más sería sobreactuar, y resultaría contraproducente a medio plazo.
 
Si, por el contrario, el perfil cíclico es en 'U' o 'L', se necesitaría un mayor apoyo fiscal. La forma más eficaz son desgravaciones tributarias a las empresas (incluidas amortizaciones aceleradas y la traslación de pérdidas a ejercicios anteriores), junto con inversiones públicas en educación, investigación, sistema sanitario e infraestructuras vitales. Otro aspecto relevante sería la reducción al mínimo de los trámites burocráticos, haciendo que sean lo más ágiles y flexibles posible.
 
En cuanto al consumo de las familias como soporte de la coyuntura, existen dudas sobre la idoneidad de estímulos fiscales. Todo apunta a que el relajamiento de las restricciones sanitarias atraería a los clientes a los comercios, siempre manteniendo las pautas de seguridad vírica. Ahora bien, algún país puede mostrar cierta timidez a la hora de incrementar el gasto para productos duraderos. En estos casos, caben impulsos fiscales, siendo una reducción temporal del IVA el más efectivo.
 
Es menester advertir sobre la concesión generosa de subsidios selectivos o aportaciones de capital a determinadas empresas, por emblemáticas que sean. Aparte de que la experiencia nos demuestra que la eficacia de tales ayudas es cuestionable, apoyar a unos implica discriminar a todos los demás. Esto distorsiona la competencia y genera ineficiencias asignativas respecto a los factores productivos. La limpieza schumpeteriana de los mercados, tan necesaria para el buen desarrollo económico, podría entorpecerse. 
 
Además, los gobiernos que necesiten ayuda exterior pueden acogerse al Plan de Asistencia Europeo acordado el 9 de abril por los ministros de Finanzas del Eurogrupo (medio billón de euros), recurriendo al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera MEDE, a los Fondos Estructurales y de Cohesión y al Banco Europeo de Inversión BEI, en condiciones relajadas. Este plan prevé también prestaciones por desempleo SURE (100.000 millones de euros), que un gobierno puede aprovechar si así lo considera.  
 
No hay necesidad alguna de instalar eurobonos o coronabonos, como reclaman los países del Sur. Fundamentalmente, son tres los inconvenientes. En primer lugar, habría que reformar el Tratado de la UE y suprimir la claúsula del no bail-out. En segundo, la mutualización por ley de la deuda pública generaría incentivos perversos (moral hazard): el de no aplicar en cada país políticas presupuestarias rigurosas y sostenibles y el de demorar demasiado las reformas estructurales, que son inexorables para conseguir un crecimiento económico satisfactorio. Por último, el que unos países (sus contribuyentes) tengan que responsabilizarse de las deudas contraídas por otros, sin tener ninguna influencia sobre cómo y en qué se usa la deuda, es pedir mucho. Distinto sería si todos los países renunciaran a su soberanía nacional en materia presupuestaria y trasladaran las competencias de política fiscal a instituciones de la UE. 
 
Con políticas fiscales de reactivación, aumentarán considerablemente el déficit público y el nivel de la deuda estatal. Los países que parten desde finanzas públicas equilibradas, como Alemania, tendrán más fácil asumir el creciente endeudamiento que otros países, como España, que no han sabido –o querido– consolidar los presupuestos durante los recientes años de bonanza económica. 
 
El Pacto europeo de Estabilidad y Crecimiento permite explícitamente el mayor endeudamiento ('situación de emergencia extraordinaria'), y la Comisión Europea ya ha dispuesto que los límites para el déficit público (3% sobre PIB) y la ratio de la deuda (60%) quedan suspendidos. Ahora bien, esto sólo es temporal. Una vez superada la crisis, todos los países tendrán que priorizar la consolidación fiscal con arreglo a las reglas marcadas por la UE. Los ajustes necesarios se podrán asumir tanto mejor cuanto mayor sea el ritmo de la reactivación económica; y mejor aún, si la futura tasa de crecimiento es superior al tipo de interés en los mercados de capitales. 
Ni que decir tiene que todo esfuerzo fiscal de reactivación tiene que ir acompañado de la restitución del Mercado Único Europeo y del Espacio Schengen. Una vez iniciada en numerosos países la desescalada de las medidas nacionales contra el coronavirus, el perpetuar restricciones transfonterizas sería una sinrazón y, a la postre, perjudicial para todos. Hay que reabrir fronteras. Al fin y al cabo casi dos tercios del comercio exterior de los países de la UE son comercio intraeuropeo. Sin una libertad absoluta del tráfico comercial intraeuropeo y del movimiento transfronterizo de las personas, una buena parte del potencial de crecimiento quedaría desaprovechada, porque hay potencial productivo. El coronavirus, a diferencia de una guerra, no ha destruido fábricas ni infraestructuras.  
 
Libertad reparadora 
 
Aparte de políticas macroeconómicas adecuadas, el relanzamiento económico requiere una acción empresarial dinámica. Como revela la historia económica moderna, la libertad de la iniciativa privada, expuesta a una competencia intensa en los mercados nacionales y mundiales, es por excelencia la fuerza motriz de la innovación, que a su vez impulsa el crecimiento económico y el empleo. La salida de la crisis actual lo pondrá de manifiesto. Incluso, el coronavirus puede convertirse en un inesperado acelerador de la digitalización, favorecida por el aumento del teletrabajo y el uso común de las plataformas digitales y los encuentros virtuales.
 
Relanzar la actividad e instalarla en una senda de crecimiento sostenido requiere, como condición inexcusable, del retorno al Estado de Derecho, últimamente erosionado por el recorte de derechos fundamentales de los ciudadanos (a la iniciativa privada, a la libre elección del trabajo y la profesión, a la libertad de reunión, a la libertad de circulación por el territorio nacional y a viajar al extranjero). 
 
Para bien de la democracia y del funcionamiento de la economía de libre mercado, es imprescindible que los líderes políticos resistan tentaciones autoritarias, sin cortapisas. Volver a la normalidad constitucional será como darle oxígeno a la tan necesaria confianza de los agentes económicos en un futuro con prosperidad. 
 
EXECUTIVE EXCELLENCE: ¿Cómo valora la actuación de la UE en esta crisis?  
 
En general, se tomaron importantes decisiones con rapidez. La Comisión Europea ha suspendido temporalmente las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento sobre el déficit público (3%) y la deuda pública (60%), de modo que los gobiernos pueden poner en marcha sus programas de recuperación económica, aun incurriendo en un mayor endeudamiento. Para los sistemas de apoyo europeos ya existentes, como el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, los Fondos Estructurales y de Cohesión y el Banco Europeo de Inversiones, se ha relajado la condicionalidad y son accesibles a los Gobiernos inmediatamente, al igual que al recién creado Fondo Europeo para Prestaciones por Desempleo. 
 
El BCE ha puesto en marcha un programa de emergencia pandémica con una dotación de 750.000 millones de euros para la compra de activos, con lo cual evitará un aumento de las primas de riesgo sobre la deuda soberana de los países del Sur. Por el contrario, el plan Macron-Merkel presentado el 19 de mayo para la creación de un Fondo de Reconstrucción europeo, dotado con 500.000 millones de euros para transferencias hacia proyectos concretos en los países más afectados por la pandemia (incluido España), tiene todavía mucho camino por recorrer. Ya hay una oposición explícita por parte de los Gobiernos de Austria, Holanda, Dinamarca y Suecia, que insisten en que los apoyos consistan en la concesión de préstamos reembolsables. Es importante que la UE no decaiga en una unión de transferencias y mutualización de deudas públicas, pues eso sería un caldo de cultivo para los euroescépticos radicales y frenaría avances deseables en la integración europea.
 
E.E.: ¿Con cuántos "deberes sin hacer" ha pillado esta crisis a España?
 
El gobierno español no ha sido riguroso a la hora de aplicar la consolidación fiscal que él mismo se había marcado. Inicialmente fijó los objetivos del déficit público en el 2% sobre PIB para 2019 y el 1,1% en 2020. Posteriormente, en el Plan Presupuestario 2020 (de octubre 2019), elevó estos objetivos al 2,1% en 2019 y al 1,7% en 2020. Para la Comisión Europea, estas proyecciones no fueron fiables y presentó como más realistas déficits del 2,3% en 2019 y 2,1% en 2020. El problema es la falta de control del gasto social. Y así seguimos. El plan de implantar el llamado 'ingreso mínimo vital' supone un nuevo elemento estructural en el déficit público, estimado en unos 5.000 millones de euros al año. Supongo que en Bruselas no estarán tranquilos. 
 

Juergen B. Donges, exdirector del Cologne Institute for Economic Policy (Universidad de Colonia) y Catedrático Emérito de Ciencias Económicas
 
Texto publicado en Executive Excellence nº167, junio 2020